El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) denunció que integrantes de la organización fueron víctimas de una violenta operación ilegal, sin amparo judicial, en la que las familias reclamaban un terreno que había sido confiscado ilegalmente por grandes terratenientes en Tocantins, al centro de Brasil.

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Este ataque se produjo específicamente dentro del Asentamiento Taboca, en la Serra do Taquaruçu, creado en 2005 por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), en la región de Monte do Carmo, en Tocantins.

“La acción, marcada por abuso de autoridad, violencia armada y amenazas contra adultos y niños, expuso la colusión entre agentes de la Policía Militar de Tocantins y grupos armados vinculados a agricultores locales”, remarcó la organización.

Según relatos de familias que se encontraban acampadas al interior del predio del asentamiento Taboca, el desalojo se realizó sin orden judicial, sin ningún instrumento legal y al margen de los procedimientos constitucionales.

Además, alegan que la policía militar llegó a la ocupación alrededor de las 7H00 hora local acompañada de hombres armados y agricultores de la región, todos fuertemente armados. “Llegaron juntos, la policía, los campesinos y los pistoleros, con armas en la mano, apuntándonos como si fuéramos delincuentes”, fue la denuncia que realizó una de las víctimas de la acción.

El MST denunció que las familias que en ese momento estaban cenando fueron rodeadas, obligadas a ponerse las manos en la cabeza y sacadas afuera a punta de pistola.

Al precisar el MST que ni siquiera la presencia de niños fue suficiente para contener el nivel de brutalidad, “la violencia física y psicológica se extendió a la destrucción deliberada de pertenencias familiares”.

“Banderas, ropa, lonas, colchones y el galpón donde se iba a realizar una sesión plenaria fueron incendiados por los campesinos. Veintitrés personas fueron sometidas, obligadas a sentarse en el suelo con las manos en la cabeza y, poco después, transportadas de forma degradante en vehículos policiales y en camiones propiedad de agricultores”, remarcó la organización brasileña.

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